Javier Moreno exige 10.000 euros por los problemas psicológicos que les generó a él y su familia
LAURA SENA ALAQUÀS
Le dieron "un susto de muerte", como él mismo lo definió, y ahora no está dispuesto a que quede impune. Por ello, el vecino de Alaquàs Javier Moreno ha presentado una demanda contra el Ministerio de Trabajo en la que reclama una indemnización de 10.000 euros por los daños y perjuicios que le causó que hace un año y medio le dieran por muerto, durante el proceso en el que tramitaba el reconocimiento de una invalidez y la correspondiente prestación.Moreno llevaba desde 2009 reclamando esta invalidez por las secuelas que en su cuerpo habían dejado varios accidentes laborales y que se traducen en pérdida de movilidad en muchos aspectos, entre otros problemas. Pasó el tribunal médico y cuando esperaba la carta del ministerio que debía pronunciarse sobre su petición, lo que recibió fue una comunicación de extinción del proceso a su familia, porque había muerto. En concreto, el escrito decía que "de acuerdo con los datos existentes en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y con la documentación aportada", así como "en aplicación de la legislación vigente", se resuelve "cancelar" la prestación "por haber fallecido el titular durante el trámite".Este vecino tuvo que acudir a las instalaciones de zona de la Seguridad Social con una Fe de Vida y presentar un recurso. En aquel momento y tras meses sin trabajar y sin apenas ingresos, Moreno y su familia temieron que iban a perder la casa ya que no sabían cuánto podría durar la nueva tramitación, si el ministerio decidía comenzar desde cero.Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás y le reconoció la ayuda, que ha estado percibiendo desde entonces. Además, con el tiempo pudo encontrar un empleo compatible con ella y con sus dolencias: Trabaja sentado en un centro especial de empleo para discapacitados.No obstante, cree que el daño psicológico que le causaron a él y a su familia y la angustia por la preocupación de perder la casa sin motivo suficiente para ir al juzgado. "Durante semanas no podíamos salir a la calle porque la gente nos paraba para ver qué había pasado", explica. Tras presentar la demanda en la que reclama una indemnización de 10.000 euros, está a la espera de que se fije la la fecha del juicio. levante-emv.com
